La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, han realizado esta mañana una visita técnica a los bajos de los bloques 2, 3 y 4 de la plaza Santa Clara, afectados por patologías estructurales en varios pilares y cuyos vecinos fueron desalojados a finales del pasado mes de noviembre. En la visita han participado también la dirección facultativa y la empresa encargada de ejecutar los trabajos de reparación y rehabilitación.

Durante la visita se ha podido comprobar que el apuntalamiento de los tres edificios se ha completado y que los trabajos previos se están desarrollando según lo previsto. En este sentido, la alcaldesa ha señalado que “hemos podido evidenciar que el apuntalamiento de los tres edificios es total, que se sigue trabajando y que se han realizado catas y sondeos, analizando uno a uno todos los pilares de los tres bloques”.

Orduna ha explicado que estos trabajos previos, “tremendamente importantes y necesarios”, permitirán que próximamente se presenten los proyectos de rehabilitación en el Ayuntamiento, paso previo al inicio de las obras definitivas. “La verdad es que estamos contentos y satisfechos porque hemos evidenciado que el problema estructural ya no existe, está controlado mediante el apuntalamiento y, sobre todo, que hay reparación”, ha afirmado.

La alcaldesa ha recordado, además, que el Ayuntamiento de Huesca ha consignado en los presupuestos municipales de 2026 una partida específica de 333.000 euros destinada a apoyar a los vecinos afectados por el desalojo de Santa Clara. Estas ayudas están dirigidas a cubrir gastos derivados de la emergencia, el apuntalamiento y las actuaciones necesarias para la rehabilitación de los edificios, y podrán ampliarse en función de las necesidades que se vayan produciendo. En este sentido, ya se están elaborando las bases reguladoras para que los vecinos puedan acceder a estas ayudas municipales.

A esta medida se suma la bonificación del 95 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras de rehabilitación vinculadas a órdenes municipales de desalojo, una herramienta fiscal destinada a facilitar la recuperación de los inmuebles y reducir la carga económica que deben asumir las comunidades de vecinos.

Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno de Aragón, que también ha anunciado líneas de apoyo complementarias. “El objetivo es seguir trabajando todos unidos (Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, dirección facultativa, empresa y comunidades de vecinos) para que, más pronto que tarde y antes de diciembre de este año, el último vecino pueda volver a su vivienda y que todo salga lo mejor posible para todos”, ha subrayado Orduna.